Resolución 2.170


Se trata de un requisito de fondo de los actos administrativos. No puede dictarse ningún acto administrativo sin que tenga una base legal.

El Ministro de Hacienda, a objeto de fundamentar su acto administrativo (Resolución 2.170), invocó el artículo 3° de la Ley Orgánica de Aduanas, el cual versa sobre la competencia del Presidente de la República en materia de aduanas; además, aplicó una forzada e incorrecta interpretación del ordinal 5° del artículo 4° de dicha Ley Orgánica, aparentando estar en capacidad de emitir cualquier norma en materia de aduanas, sin sujeción al bloque de la legalidad.
Veamos lo que al respecto opina Allan R. Brewer Carías en su libro El Derecho Administrativo y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (pags. 151 y 152):

“El segundo requisito de validez de los actos administrativos, es la base legal del acto que consiste en la necesaria concordancia entre las reglas que definen la competencia, es decir, los poderes de la Administración con las situaciones de hecho necesarias para motivar la decisión. Es decir, todo acto administrativo debe ser dictado, aplicándose las reglas jurídicas adecuadas, las cuales requieren de una interpretación precisa, y que además, concuerden con la situación de hecho que da origen al acto administrativo.

La base legal del acto, por tanto, es la norma o normas del Ordenamiento Jurídico que autorizan la actuación administrativa en relación a un caso concreto específico. Esta base legal del acto constituye lo que se denominan los supuestos legales o los fundamentos legales del acto. Como base legal, además de constituir un requisito de fondo, debe condicionar la motivación como requisito de forma, en el sentido de que ésta debe expresar los fundamentos legales del acto tal como lo exigen el Artículo 9 y el ordinal 59 del Artículo 18 de la Ley.

Se trata, por tanto, de un requisito de fondo de los actos adminis¬trativos. No puede dictarse ningún acto administrativo sin que tenga una base legal, es decir, sin que tenga una fundamentación en el Ordenamiento Jurídico, y esto derivado además, del señalado prin¬cipio de la competencia. Es decir, si la competencia no puede presu¬mirse, sino que tiene que ser de derecho estricto y expreso, sólo cuando el Ordenamiento Jurídico autorice la actuación, el funcio¬nario público puede actuar y sólo puede actuar de acuerdo a las normas que se establecen en relación a las situaciones de hecho que se presenten para adoptar la decisión concreta


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